La relaciones profesionales en el sector legal


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 La unión hace la fuerza

Estamos asistiendo en los últimos años al desarrollo de un fenómeno nuevo en el mundo empresarial, basado en la conformación de alianzas estratégicas entre empresas o profesionales relacionada con la creciente globalización de la economía. Este fénomeno ha sido motivado, entre otros, por la crisis y la aparición de una feroz competencia global, unido a la necesidad de innovación constante en todos los sectores de la actividad empresarial como elemento crucial de competitividad.

Fue a raíz de reflexionar, y de compartir opiniones con Nielson Sanchez Steward, Emilio Aparicio, Guillermo Padilla, Francisco Rosales, José Carmelo LLopis, Maribel Orellana y Antonio Ripoll, de como este fenómeno tendría o no cabida en el sector legal, interrelacionándonos entre compañeros y con otros profesionales como los procuradores, notarios, administradores de fincas (entre otros), cuando decidí hacer un “retoblog” (al final del post tenéis las opiniones de cada uno de ellos en forma de post.

El comportamiento de los abogados a este respecto está contemplado por el Código Deontólogico. En su artículo 19, se refiere a los pagos o compensaciones por captación de clientela:

“El Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros”.

Sin embargo, en las conclusiones de Acta del 2013, sobre los asuntos tratados en la reunión de encargados de deontología de los consejos autonómicos y de colegios, en los que se trató la temática y se concluyó que, si bien el Código Deontológico prohíbe el reparto de honorarios con quien no es Abogado salvo en determinados casos puntuales (artículo 15) y los pagos por captación de clientela (artículo 19), se debe ser muy cauto a la hora de aplicar sanciones por estas vulneraciones, ya que estas normas pueden estimarse contrarias al derecho de la competencia y ser sancionado el órgano que las impone.

Además, en el ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, aprobado el 12 de Junio de 2013 por el pleno del CGAE (pero que no está vigente aún), determinó en su artículo 37, que en cuanto a la colaboración profesional:

1. El ejercicio de la Abogacía por cuenta propia en régimen de colaboración profesional supone un contrato de arrendamiento de servicios y deberá pactarse por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.

2. El Abogado colaborador, que actuará con plena independencia y libertad, deberá conocer la identidad del cliente, respecto de quien deberá cumplir todos sus deberes deontológicos.

3. El colaborador deberá hacer constar, en su caso, que actúa por sustitución o delegación del despacho con el que colabore.

Hoy en día, la praxis habitual, no sólo en modelos de negocio como el de Legalitas (en el que existen despachos colaboradores), sino la de muchos despachos, es establecer acuerdos entre abogados y otros profesionales con una doble modalidad:

  • Intercambio de clientes
  • Comisión económica

Es aquí, donde se puede plantear la problemática acerca de sí mientras entre abogados es inobjetable y recomendable en estos tiempos de gran complejidad, lo segundo puede distorsionador la propia competencia.

Desde el punto de vista de Marketing, las alianzas y colaboraciones estratégicas son una forma de desarrollo de negocio. La especialización de los despachos pequeños y medianos, unida a las colaboraciones, es una forma para ser competitivos frente a los grandes que tienen departamentos especializados.

Por otro lado, colaborar con otros profesionales en el sector jurídico nos beneficia enormemente. A modo de ejemplo:

– Las  comunidades de propietarios están formadas por muchas personas por lo que, además de los monitorios, tenemos la posibilidad de tener acceso a posibles clientes gracias a los Administradores de Fincas.

– En el caso de los Notarios, su labor podría calificarse, incluso, como la de “proveedores” para los despachos, en cuanto a que su trabajo es necesario para la prestación de determinados servicios, como pudiera ser la necesidad de una escritura en una compraventa de un inmueble.

– En cuanto a los Procuradores, su obligatoria intervención en determinados procesos judiciales, les hace ser agentes imprescindibles y, en cierta manera, también “proveedores” de servicios para los despachos.

– Y por último, las colaboraciones con otros Abogados nos abren la posibilidad de dar un mejor servicio a nuestros cliente, más especializado, dándonos la oportunidad de generar negocio y de poder competir con los grandes despachos.

En mi opinión, la Abogacía tiene un carácter y una función social prioritaria y de defensa de intereses de los ciudadanos. A su vez, un despacho es una empresa operando en un mercado privado (respetando el turno de oficio) y libre (siempre atendiendo a la normativa), por lo tanto, es necesario que sea rentable, y una de las mejores maneras de hacerlo es la prescripción de nuestros servicios por otros compañeros, teniendo en cuenta que la recomendación a los clientes no se convierte en obligatoria, consecuentemente, dando la oportunidad de elegir aquellos profesionales que ellos consideren libremente.

La unión hace la fuerza, pero como se articula en el del mundo jurídico. ¿Tú que opinas?.

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